El mapa de kupi

Este mapa ya me parece un poco más cercano a la realidad. Más «objetivo», vamos, que Leo Bassi, artistoide ultrasubvencionado del sindicato de la ceja, pero, eso sí, muy «objetivo», tan «objetivo» como la que lo cita.

Sólo me gustaría hacer unas consideraciones:

1- Kupi ha aludido al FGE (Cándido Conde Pumpido hasta la fecha), pero es que la corrupción generalizada del sistema también alcanza a la Justicia. Ten en cuenta que el FGE es elegido por el gobierno, con lo cual, es rarísimo, por decirlo elegantemente, que un FGE muestre el mismo afán persecutorio por los delitos del partido que lo ha elevado a tan magna magistratura, que por los delitos del partido que lo destituirá en cuanto llegue para poner a otro fiscal más cercano a su sensibilidad.

2- ¿Qué se contabiliza en la lista tan detallada que se facilita? No lo tengo claro. ¿Son denuncias, denuncias admitidas a trámite por los tribunales, o casos juzgados y con sentencia de culpabilidad? Y sobre todo, en los delitos no sólo importa la cantidad, sino la calidad. Por ejemplo, no es lo mismo una recalificación defectuosa en un ayuntamiento de una población de 5000 habitantes que el caso Gürtel. No es igual un trato de favor en alguna concesión que una estructura administrativa pergeñada para llevar a cabo un robo a escala masiva de fondos públicos, como es el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Eso no puede verse en un mapa, sino caso por caso.

3- Por último, creo necesario señalar un fenómeno, que a mi modo de ver constituye una forma de corrupción pero que, sin embargo, parece que no está recogido en nuestra legislación como forma delictiva. Me estoy refiriendo al despilfarro, es decir, la afición desmedida de la clase política por gastar el dinero que no recaudan, endeudando a las administraciones públicas. Dos ejemplos: Desde mi punto de vista no es de recibo que el Sr. Gallardón, después de dejar una deuda en la ciudad de Madrid igual a la de cuatro comunidades autónomas juntas, pueda ser premiado con el Ministerio de Justicia. Menos normal todavía es que el sr. Tomás Gómez haya dejado una deuda de 240 millones de euros en el ayuntamiento de Parla y esté dirigiendo nada menos que el PSOE de Madrid. El despilfarro constituye un hecho transversal, es decir, ha ocurrido en administraciones socialistas, del PP y de los partidos nacionalistas. Ayer, en el parlamento, Montoro dejó entrever que se estudiará pedir responsabilidades penales a los políticos que despilfarren, y Monago pidió aplicar la nueva doctrina con carácter retroactivo, lo que, entre otros permitiría meter en la cárcel a muchos del PSOE, pero también a muchos del propio PP. Por supuesto los restos del PSOE que aún deambulan por el Congreso y la caterva habitual de nacionalistas, separatistas y demás fauna se mostraron en desacuerdo.  Mi análisis es que sería una medida higiénica pero, visto que ni el vigor ni el valor (los cojones, vamos) son virtudes que adornen a Mariano, creo que la iniciativa se quedará en agua de borrajas.