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Por fin aparecemos en el mundo (otra vez)

«Ley mordaza» en Garrovillas

Grabar un pleno municipal ha desembocado en una propuesta de sanción de 600 euros para un vecino de la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar. La negativa del alcalde a que algunas personas grabaran la sesión ordinaria del 25 de septiembre desembocó en varias expulsiones del pleno y al menos una de ellas en una propuesta de sanción de 601 euros «por perturbar la seguridad ciudadana en actos multitudinarios», según figura en el expediente abierto por ese motivo a un vecino de Garrovillas, que cita la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conocida como ley mcordaza .

«Lo voy a recurrir», dice el afectado, que niega lo que recoge la denuncia de la policía local que ha dado pie a ese expediente sancionador: que mientras era desalojado del pleno «realizó grandes aspavientos, vociferando fuertemente hacia los presentes en la mesa, tanto el alcalde como los concejales». Niega que fuera así y afirma que cuando le ordenó que se marchara por grabar sin permiso «no lo oí bien y lo que hice fue guardar la cámara y sentarme en la primera fila, y entonces el alcalde le indica al policía que me desaloje y me fui». Ya fuera, según su relato, el policía rellenó el acta de su expulsión, en el que únicamente se hace referencia a que se le desaloja porque estaba grabando, aunque la denuncia posterior y la propuesta de sanción aparecen motivadas en el artículo 36 de la polémica ley mordaza .

«La grabación del pleno solo se realizará por las personas expresamente autorizadas, ordenando a aquellas que no tienen autorización abstenerse de hacerlo, ordenando a los servicios policiales la expulsión de aquellas que hicieran caso omiso de la orden», recoge el acta del pleno del 25 de septiembre. Son las palabras del alcalde antes de que se inicie la sesión y las que motivaron las expulsiones posteriores.

 

Nunca se ha prohibido

«Nunca jamás se ha prohibido en el Ayuntamiento de Garrovillas grabar, ni antes ni ahora», asegura a este diario el alcalde de la localidad, Cándido Gil Pizarro, de la Plataforma Socialista Democrática de Garrovillas (PSDG), aunque reconoce que ordenó que se le desalojara del pleno –hace referencia a una persona– porque no tenía autorización para grabar.

El alcalde justifica esa autorización requerida entonces con las «quejas» recibidas por vecinos que asisten a las sesiones y que no querían aparecer en las grabaciones. Pero el 100% de las autorizaciones que se pidieron se han concedido y de hecho en la actualidad asegura que «ni siquiera es necesario solicitar permiso, ya graba quien quiere», añade al alcalde. Matiza que es posible hacerlo «desde finales del año pasado, simplemente hemos dejado de pedir permisos».

La tensión en los plenos municipales de Garrovillas de Alconétar no es nueva. El PSGD gobierna en minoría con cinco concejales, el mismo número que PSOE –aunque 36 votos más–, que ejerce la oposición junto al concejal del PP. La crispación en las sesiones plenarias no extraordinaria y el desalojo de personas del público por las grabaciones tampoco.

 

Más casos

Los grupos de la oposición se habían mostrado también en varias ocasiones contrarios a la decisión de restringir la grabación de los plenos. De hecho en el de octubre los seis concejales de la oposición abandonaron el salón de plenos y los ediles del PSOE acudieron a la Guardia Civil.

El caso de Garrovillas tampoco es el primero en el que las grabaciones de los plenos acaban en polémica en la región. El pasado 30 de diciembre sucedió también en Valdefuentes tal y como publicaba este diario el 26 de enero. Entonces la negativa del alcalde de Valdefuentes, Alvaro Arias, a permitir que un ciudadano grabara la sesión plenaria de diciembre en la que se debatía su liberación terminó en una denuncia ante la Guardia Civil. El alcalde se amparó entonces en la protección a la intimidad y seguridad de la Policía Local que se encontraba presente en el Salón de Plenos esa tarde y en la negativa de varios concejales de su grupo (el PP) a que fueran grabados. «En aras a mantener el normal desarrollo del pleno y el orden público y sin menoscabar el derecho de participación ciudadana, tal y como recoge el Tribunal Constitucional, tomé la decisión de que no se grabara dicho pleno», explicó a este diario.

Tampoco ha sido motivo de desencuentros únicamente en la región. De hecho, la Defensora del Pueblo recordaba a los alcaldes en su informe de 2015 que tanto los ciudadanos que asisten a los plenos municipales como los concejales pueden grabar las sesiones y que hay normas, sentencias e informes de la Agencia Española de Protección de Datos que lo amparan por los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.

 

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ley-mordaza-garrovillas_926763.html

 

 

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