El Gobierno propone que la CHT se haga cargo de la antigua N-630

El grupo socialista pide explicaciones por su corte en el Congreso de los Diputados
Los pescadores siguen extrañados cada vez que acuden a la zona. La antigua carretera N-630 se cortó al tráfico por razones de seguridad hace meses, tal y como informó este diario el pasado febrero. El Gobierno central ya ha explicado que se trata de un área de dominio público hidráulico. Desde el Ministerio de Fomento, que adoptó la medida a través de la Demarcación de Carreteras del Estado, se indicó que si bien está prohibido el paso para los visitantes, sí se permite el acceso a las propiedades colindantes, en este caso a las casas de campo, fincas y explotaciones agroganaderas existentes.

Como reseñaron algunos afectados a HOY, no hay explicación posible para una decisión que convierte en área restringida un paraje al que suelen acudir los fines de semanas y festivos numerosos aficionados a la pesca así como familias enteras que pasan allí el día. El asunto ya ha pasado por el Congreso de los Diputados. Allí, el grupo socialista ha pedido explicaciones. En concreto lo ha hecho el parlamentario cacereño César Ramos, quien ha recibido respuesta escrita del Gobierno de Mariano Rajoy.

Llama la atención en esa contestación remitida que desde el Consistorio de Garrovillas no se contactase con el Fomento para subsanar el problema. «No ha existido al respecto petición o consulta al Ministerio de Fomento por parte del Ayuntamiento», se reseña. «Por el contrario, -añade la respuesta- es la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura quien tomó la iniciativa de contactar con el alcalde-presidente». En esa conversación se intercambiaron opiniones y se debatió sobre «posibles soluciones que pudieran aplicarse». Uno de los pescadores habituales de la zona que conecta con el río Tajo también se ha dirigido al Consistorio garrovillano. La respuesta que recibió por correo electrónico del propio alcalde, Cándido Javier Gil, fue la siguiente: «Es una medida que ha tomado el Ministerio de Fomento y que desde el Ayuntamiento estamos tratando de solventar. Estamos en conversaciones con la Dirección General de Carreteras para solucionarlo».
Tramo final
«¿Hasta qué punto esto es legal y por qué esta medida tan radical?», se cuestiona ese ciudadano. Es un asunto que el PSOE ha llevado al Congreso y sobre el que el Gobierno repite argumentos: «Han sido (razones) de seguridad vial, relacionadas particularmente con el riesgo que supone la existencia de un vial que acaba directamente en el agua».

El tramo final, como recuerda Fomento, está deteriorado por la erosión, debido a las subidas y bajadas de nivel del pantano desde que a finales de los 70 la carretera dejó de ser utilizada como vía principal al abrir la actual N-630.

Insiste el Gobierno en que no ha motivado la decisión ninguna petición de organismos públicos o personas particulares. Es Fomento, como titular de la carretera, quien toma la decisión, a la vista de que ninguna administración local o autonómica ha planteado hacerse cargo de la vía. De hecho, el Gobierno central hace sus propias consideraciones. Entiende que la vía pública «no debiera pertenecer ni a la red de carreteras del Estado ni a su viario anexo». «Debiera serlo -opina- de una administración local». También es significativo su propuesta para que sea el organismo de cuenca quien se ocupe del vial ya que se apuesta en ese enclave por la práctica de la pesca.

«Si se quiere potenciar el uso recreativo, pesquero y/o deportivo del embalse» su responsable debería ser la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se resalta. La colocación de las señales de prohibición ha costado 925 euros.

Fuente http://www.hoy.es/caceres/gobierno-propone-haga-20180402004103-ntvo.html#ns_campaign=rrss-hoy&ns_mchannel=hoy-es&ns_source=fb&ns_linkname=caceres_10