Citan a declarar a dos exdirectores generales por la ampliación de la cantera en Garrovillas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a José Luis Andrade Piñana, exdirector de Ordenación Industrial, y a María Ángeles Pérez Fernández, anterior directora general de Evaluación y Calidad Medioambiental por dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la explotación de una cantera de áridos situada en Garrovillas de Alconétar, según ha informado el despacho madrileño Casavegas Abogados. Este despacho ha indicado que también se ha citado como imputados a María Antonia Valero Jiménez, Jefa de la Sección de Minas, y a José Manuel González Pérez, director facultativo de la cantera y marido de la anterior; así como a los representantes de la empresa minera CG Minería S.L, titular de la cantera.

El origen de este procedimiento se sitúa en una denuncia penal presentada por los propietarios de los terrenos anexos a la cantera, María Pilar Bravo Martín y José Julián Barriga Bravo. En ella indicaban «una circunstancia excepcional de incompatibilidad por el vínculo familiar entre la Jefa de Sección de Minas, María Antonia Valero Jiménez, y su marido, José Manuel González Pérez, director facultativo de la cantera»

En nota de prensa, Casavegas Abogados recuerda que el Consejo de Gobierno de la anterior Junta de Extremadura aprobó en su penúltima reunión antes de las elecciones un decreto para declarar la urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ampliación de la explotación»Villaluengo I».

La Junta de Extremadura dio vía libre a la ampliación de la cantera por la vía de urgencia a pesar de no disponer del preceptivo informe de impacto medioambiental y pese a los vínculos familiares denunciados que, según los denunciantes, han viciado todo el procedimiento», añaden. La ampliación de la cantera se encuentra paralizada desde el pasado mes de agosto por decisión de actual Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio tras la alerta de un grupo de arqueólogos y la denuncia de Adenex de posibles daños en tres yacimientos arqueológicos cercanos.