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Las fiscalías extremeñas han abierto 18 diligencias sobre residencias de ancianos

Un nuevo procedimiento investiga la actuación en la residencia de mayores de Garrovillas de Alconétar, tras varias denuncias de familiares

Las fiscalías extremeñas han abierto 18 diligencias relacionadas con residencias de ancianos desde que empezó la crisis sanitaria del coronavirus. De ellas, cuatro fueron archivadas y permanecen en trámite catorce, repartidas a partes iguales entre las civiles y las penales, según los últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado.

La apertura de diligencias permite al Ministerio Fiscal –que puede actuar de oficio o tras llegarle una denuncia o atestado– investigar unos hechos para averiguar si se ha producido alguna actuación contraria a ley y plantear la posible responsabilidad judicial de los autores. Que se incoen no equivale a que se haya cometido un delito, y de hecho en muchas ocasiones estas actuaciones se archivan. Una vez iniciadas, pueden consistir en pedir documentación, tomar testimonio, practicar pruebas y otras medidas que la fiscalía entienda necesarias.

De las catorce actualmente en trámite, doce están en manos de la Fiscalía Provincial de Cáceres, y entre ellas hay unas de carácter preprocesal. Las de este último tipo permiten atender las quejas o escritos que a veces reciben las fiscalías y que no son denuncias formales.

Hasta ahora, en la región hay un único procedimiento judicial iniciado, en el juzgado de Valencia de Alcántara

De estas doce, una se abrió la semana pasada y da cauce a la denuncia presentada por varios familiares de ancianos que vivían en la residencia de Garrovillas de Alconétar, una de las más castigadas por la covid-19. En ella han muerto en torno a una treintena de ancianos (la cifra varía según la fuente). Dado el alto número de contagiados y la necesidad de aislarlos en habitaciones individuales, algunos de los usuarios de este centro tuvieron que ser trasladados a la hospedería que la Junta de Extremadura tiene en la localidad. Estas diligencias, las últimas en abrirse en la comunidad autónoma, las incoó la Fiscalía Superior de Extremadura porque fue ella la que recibió la denuncia, pero previsiblemente la trasladará a la Fiscalía de Cáceres, pues son estas instancias provinciales las que se ocupan de estas actuaciones.

La mayoría de estos casos a los que se refieren las diligencias abiertas son complejos de analizar desde una perspectiva judicial, al entrar en juego multitud de factores y normativas. El avance de las investigaciones irá aclarando si en ellos se encuentran motivos para iniciar una causa judicial o no. Hasta el momento, en la región hay un único procedimiento de este tipo, tramitado ante el juzgado de Valencia de Alcántara a partir de la denuncia de un particular.

63 controladas en ocho días

Entre los centros que la Fiscalía está investigando se encuentra también la residencia asistida El Cuartillo, de Cáceres, donde la pandemia está tras la muerte de al menos 75 ancianos, y de en torno a 200 contagiados, según las cifras oficiales más recientes.

Entre las diligencias practicadas también las ha habido de control, para supervisar el trabajo que se hacía en estas instalaciones que desde el inicio de la crisis han estado en el centro de todas las preocupaciones. Solo en los ocho días que van del 19 al 27 de marzo, la Fiscalía Provincial de Cáceres «realizó un seguimiento y control telemático de un total de 63 residencias, recabando información sobre la situación en que se hallaban e intentando resolver las incidencias surgidas», explica la Fiscalía General del Estado en su último balance.

Fuente https://www.hoy.es/extremadura/fiscalias-abierto-diligencias-20200610001915-ntvo.html

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