Los partidos políticos deben de eliminar de su discurso, de una vez por todas, eso de la presunción de inocencia.
En el ámbito de la política no estaría de más separar lo que es la responsabilidad política de lo que es la responsabilidad jurídica. Cuando la conducta de un determinado político es presuntamente «sospechosa», debe asumir, además de su responsabilidad jurídica, penal o administrativa, también su responsabilidad política, dimitiendo inmediatamente de su cargo, porque está en entredicho su confianza. No olvidemos que es la confianza de sus votantes la que le permite cumplir con su cargo. Cuando ésta queda en entredicho, por lógica, queda descalificado para su ejercicio público. Su continuidad en el cargo choca contra cualquier código ético, contra cualquier conveniencia democrática y contra el sentido común. Al solicitar la dimisión de un cargo público sospechoso, no se está cuestionando su culpabilidad sino su incapacidad para seguir ocupando un puesto de confianza, aunque sea inocente. Lo que resuelvan los tribunales es otra historia. Las personas que ocupan cargos públicos deben ser como la mujer del César, no basta con que sea honesta; también tiene que parecerlo….
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